El consejo directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de Música, que preside Martín Urieta, autor de “Mujeres divinas”, entre otros temas, enfrenta su primer gran reto: tratar de echar abajo una iniciativa de ley que busca reducir de 100 a 70 años los derechos patrimoniales póstumos que tienen los creadores musicales en el país, la que, de aprobarse, afectaría a herederos de José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Roberto Cantoral, Consuelito Velázquez y Manuel Esperón, entre otros famosos personajes.
El proyecto de reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, presentado en diciembre pasado por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, contempla reducir 30 años los derechos patrimoniales posteriores a la muerte del autor de cualquier obra.
Un ejemplo es el de Juan Gabriel, quien murió el 28 de agosto de 2016 y los herederos de su obra musical, cobrarían las regalías de sus canciones durante 100 años, es decir, hasta el 2116. Con la reforma, de aprobarse, el periodo para seguir percibiendo ese beneficio económico se reduciría 30 años, es decir hasta el año 2086.
La medida representaría un duro golpe para la Sociedad de Autores y Compositores, cuyos anteriores presidentes, Roberto Cantoral y Armando Manzanero, ambos ya fallecidos, lucharon por mucho tiempo para lograr que los derechos patrimoniales de los autores, posteriormente a su muerte, fueran de 100 años.
El consejo directivo que preside el compositor Martín Urieta, quien asumió el cargo de manera interina a la muerte del maestro Armando Manzanero y posteriormente fue ratificado en el puesto en asamblea, enfrenta de esta manera su primer gran reto ya que de aprobarse la iniciativa, herederos de prolíficos autores de música popular, de música de fondo para películas y de todos los géneros, se verían seriamente afectados.
Herederos de María Grever, Joan Sebastián, Alvaro Carrillo, Fernando Z. Maldonado, Tomás Méndez y José Angel Espinosa “Ferrusquilla”, entre otros famosos creadores musicales, verían reducidos de 100 a 70, los años en que podrían seguir disfrutando los beneficios económicos generados por la obra de su inspirado familiar ya fallecido.
En su argumento para promover esta iniciativa, la legisladora petista establece que el plazo de 70 años es en concordancia con la normatividad presente en la mayoría de los países y con los tratados internacionales de los que México forma parte, como el Convenio de Berna, para la protección de las obras literarias y artísticas así como el T-MEC.
La reforma pone a prueba también a otras sociedades autorales del país, como la de escritores, por lo que se espera que las distintas agrupaciones de autores formen un frente para tratar de impedir que dicha iniciativa se apruebe.
