La Comisión Federal de Competencia inició una investigación por prácticas monopólicas absolutas, contra distribuidores y exhibidores de películas para saber si a través de acuerdos colusivos entre agentes económicos que son competidores entre sí, manipularon el precio de venta del servicio o bien restringieron la oferta en los mercados (segmentación de mercados).

Así lo dio a conocer la Cofece a través de un boletín, así como la publicación de éste en el Diario Oficial de la Federación. Hasta el momento ninguna empresa distribuidora o exhibidora se ha pronunciado oficialmente al respecto de esta investigación que puede durar años para saber si hubo prácticas monopólicas, pues así es el procedimiento burocrático en este tipo de investigaciones para detectar conductas que pueden considerarse ilegales.

Aunque sabemos que en México solamente tenemos dos cadenas exhibidoras por obvias razones se tienen que omitir los nombres, porque tampoco las dio a conocer la Cofece. Siempre se ha pensado que ambas tienen toda la posibilidad para manipular los precios de entrada, pero sobre todo el de los productos que venden en sus dulcerías, los cuales salen de los costos normales que se pagan fuera de las salas de cine.

Acudir a ver una película representa para cualquier familia de cuatro integrantes una inversión promedio de 680 pesos (70 pesos de boleto y una golosina y refresco con un precio de 100 pesos más por cada persona), lo que muestra que no es nada barato y que no cualquiera puede pagarlo.

Pero esto ha ocurrido por años sin que nadie haya hecho algo por defender los intereses de los consumidores, pues el fin último de estos acuerdos entre agentes económicos es elevar los precios en perjuicio de los clientes y es hasta ahora que la Comisión Federal de Competencia, decide actuar para investigar a las empresas de exhibición nacional que tienen salas cinematográficas.

Sin embargo, debido a lo difusa que está la información por parte de Cofece, no pensamos que vaya a bajar pronto el precio del boleto y menos los productos en las dulcerías, pues es un procedimiento largo que se tiene que llevar a cabo y donde los “presuntos acusados de este tipo de prácticas”, tienen infinidad de herramientas jurídicas para argumentar que no han realizado acuerdos por debajo del agua.